La propuesta de Uribe para dar acceso a la universidad pública a quienes prestaron servicio militar – Educación – Vida

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El expresidente Álvaro Uribe, junto con varios senadores del Centro Democrático, radicaron en la Comisión Sexta del Senado -en donde se debaten los temas de educación- un proyecto de ley para promover el acceso a la educación superior pública para quienes hayan prestado el servicio militar obligatorio.  

El documento, que fue radicado el 11 de diciembre, propone mayores beneficios no solo en términos educativos, también en pensión de jubilación de vejez y de invalidez. 

«Los colombianos que presten servicio militar deben tener derecho de acceso a la universidad pública. Hoy por hoy la ley permite que tengan un descuento del 30 por ciento en la matrícula. Seguramente los ponentes van a examinar cómo se les puede beneficiar con lo que se llama las becas de Generación E», indicó Uribe cuando radicó el proyecto de ley. 

El documento señala que «cuando el ciudadano haya sido admitido en instituciones públicas y privadas para adelantar estudios universitarios, tecnológicos y técnicos, en caso de prestar el servicio militar, las instituciones tendrán la obligación de reservar el cupo respectivo hasta el semestre académico siguiente al licenciamiento«, reza el proyecto ley, que todavía no tiene ponentes asignados. 

Expertos en educación superior revisaron la propuesta y explicaron cuáles serían los alcances de este proyecto de ley. 

Jairo Torres, director del Sistema Estatal Universitario, opina que se trata de una iniciativa interesante porque «reconoce y protege el esfuerzo de los jóvenes que por obligación constitucional tiene que pagar el servicio militar y que no pueden continuar desarrollando otras actividades. Este proyecto no violenta la autonomía universitaria, porque les está diciendo a las universidades que sean flexibles en estos casos y en ningún momento se les pide que exoneren el pago de la matrícula«. 

Sin embargo, Carlos Mario Lopera, experto en educación superior y director del Observatorio de la Universidad Colombiana, asegura que en la manera como está redactado el proyecto pareciera que se «asigna el cupo de forma directa, sin requisitos y no valora la autonomía de las IES públicas, contemplada en la Ley 30 de 1992, de admitir a sus propios estudiantes». 

«Esto genera molestia entre las universidades oficiales, pues éstas por la naturaleza propia de la academia y su carácter público, reciben dineros del Estado, pero no son y no se consideran para-estatales», continúa Lopera. 

Esto genera molestia entre las universidades oficiales, pues éstas por la naturaleza propia de la academia, reciben dineros del Estado, pero no son y no se consideran para-estatales

Los expertos reconocen que el proyecto de ley permitiría que los jóvenes que presentan el servicio militar salgan del escenario de las armas y se puedan preparar para ingresar al mercado laboral en mejores condiciones y con menos informalidad.

«La mayoría de los muchachos que prestan servicio militar obligatorio provienen de familias con bajos ingresos. Además, ellos obtienen puntajes bajos en las pruebas Saber 11 y su destino, después de prestar el servicio militar, es incierto (guardaespaldas, celadores, economía informal o actividades ilegales) dado que no tienen formación para el trabajo o el desarrollo de profesional», sostiene Ángel Pérez, profesor universitario y asesor en temas de educación.

No obstante, el experto advierte sobre la necesidad de ampliar la oferta de la educación superior.  «Estos muchachos tendrán que respetar los procesos de admisiones de las instituciones de educación superior y competir con otros por los cupos. En estas condiciones con seguridad el destino de estos muchachos será el Sena o una institución de educación superior de mala calidad. El país necesita fortalecer, mejorar y ampliar la educación técnica y tecnológica para otorgar posibilidades reales a estos muchachos», añade. 

Entre tanto, Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional, propone que la educación superior pública debería ser un derecho no focalizado.

«(La educación pública) no debería ser ni para el sector más rico ni para el más pobre. Lo que la garantiza como derecho fundamental es que precisamente se universalice», sostiene la joven. 

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